Peliculas censuradas

Las películas censuradas durante la Segunda República.
Valores y temores de la sociedad republicana española (1931-1936)

 

María Antonia PAZ REBOLLO   -   Julio MONTERO DÍAZ
Catedráticos de Historia de la Comunicación. Universidad Complutense de Madrid


Se aborda desde documentación inédita la actuación de la censura cinematográfica durante la Segunda República española (1931-1936). Se estudian las películas que se prohibieron y los cortes que se ordenaron para otras. Estas actuaciones permiten establecer algunos de los valores que ordenaban la sociedad española de la época y también sus principales temores y miedos en el orden político y social. También se pueden establecer una cifras fiables sobre el cine que vieron los españoles y la importancia que tuvieron las producciones documentales y los noticiarios cinematográficos en nuestras pantallas.

 

 

Las películas censuradas durante la Segunda República
 
SUMARIO:
1. Introducción. 2. El boom cinematográfico de los años treinta. 3. No a la revolución bolchevique. 4. Temas de actualidad comprometidos. 5. La buena imagen de los países. 6. En defensa de una moral tradicional. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas. 9. Anexo I: películas prohibidas (Fecha de publicación en el B. O. de la Provincia de Navarra). 10. Anexo II: películas autorizadas con cortes (Fecha de publicación en el B. O. de la Provincia de Navarra)  
 

1. Introducción

  El artículo 34 de la constitución de la Segunda República reconocía la libertad de expresión y prohibía expresamente cualquier normativa que limitara esta libertad. No obstante, este principio no se aplicó a las películas: ni a las de ficción, ni a las de carácter informativo, de acuerdo con la práctica que se realizaba desde el establecimiento de la censura cinematográfica en España (GONZÁLEZ BALLESTEROS, 1981: 109-116). Por lo que se refiere a la censura cinematográfica ese era el modo habitual de proceder en aquellos años en todos los países con diferencias que se referían solamente al modo de realizar la censura y al protagonismo directo de la administración estatal en ella. España se decantó por el modelo francés de intervencionismo gubernamental directo (PAZ y MONTERO, 1999: 152 y 281-282). 
  La última normativa monárquica era la ley de 12 de abril de 1930. Establecía que la censura de largometrajes se realizaría exclusivamente en Madrid, aunque fuera en Barcelona donde se concentrará la mayor parte de la actividad cinematográfica, tanto en salas (MONTERO y PAZ, 2009: 48 y 49), como –en parte- en casas distribuidoras de películas (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2002: 154-155). Esta situación había provocado la protesta de la Mutua de Defensa Cinematográfica, un colectivo numeroso de distribuidores que operaba en Barcelona. La mayor parte de sus miembros eran empresas extranjeras (norteamericanas) que se sentían perjudicados por esta ley, ya que exigía un doble viaje de sus películas antes de su explotación. Llama la atención la pronta respuesta del gobierno republicano a esta reclamación: apenas dos meses después de establecerse el nuevo régimen se dictó una nueva ley.
  La Ley de 18 de junio de 1931 ordenó que fueran Madrid, a través de la Dirección General de Seguridad, y Barcelona, a través del Gobierno civil, los centros que la ejercieran. Sus decisiones tenían validez para todo el territorio nacional (GONZÁLEZ BALLESTEROS, 1981: 363 y 364). Se mantuvo la tradicional facultad de los Gobernadores civiles para tomar las medidas oportunas sobre censura que aconsejara una especial situación en su provincia. En la práctica la duplicidad censora Madrid-Barcelona con validez para todo el país tuvo escasa vigencia. El 15 de septiembre de 1932 se aprobó el régimen de autonomía catalán. Entre las competencias de la Generalitat que señalaba el Estatuto (art. 5, 8ª) se encontraba la ejecución de la legislación del estado referida a “prensa, [...] y espectáculos públicos”. Desde mayo de 1934 el gobierno central republicano reconoció esta facultad a la Generalitat, que ya la venía ejerciendo, a través de su Comisión General de Orden Público desde 1932. Su territorio efectivo de competencia fue exclusivamente el catalán (GONZÁLEZ BALLESTEROS, 1981: 116-117 y GUBERN, 1977: 74-75). En definitiva solo entre julio de 1931 y mayo de 1934 -con seguridad, quizá antes también- las decisiones de la censura tomadas en Barcelona tuvieron efecto en toda la república. Se ha podido comprobar porque a propósito de una reclamación de la embajada germana sobre el documental Mas allá del Rhin, se dice: “… la proyección fue autorizada aquí sin verla previamente por haber exhibido hoja aprobatoria de la censura de la Dirección General  de Seguridad en la que se proponían algunos cortes que se han cumplido por la empresa…”. La reclamación se refería a la proyección en un cine de Cataluña. La lógica hace suponer que la aceptación de las decisiones fuera recíproca,
En cualquier caso, el 3 de mayo de 1935 el gobierno radical-cedista aprobó un nuevo Reglamento de Espectáculos que daba a la Dirección General de Seguridad de Madrid la competencia exclusiva en esta actividad para todo el territorio de la república, manteniendo la ya mencionada facultad de los gobernadores civiles y alcaldes en casos especiales.
  Los centros censores autorizaban películas, las prohibían u ordenaban cortes previos a su exhibición. Las resoluciones de la censura de Madrid –probablemente también las de Barcelona directamente o a través de Madrid- se hacían llegar a los gobiernos civiles. Éstos las daban a conocer a sus ayuntamientos y a las empresas exhibidoras. Para cumplir con este requisito debieron ponerse en marcha procedimientos muy diversos. Uno de ellos fue remitirlos a las imprentas de los boletines oficiales de las provincias, que los hacían públicos. Así disponían de esa información las empresas del sector y los ayuntamientos. Se ha comprobado que esta práctica se realizó en Navarra y La Coruña. No fue de cumplimiento obligatorio. Se ha comprobado que en los boletines provinciales de Barcelona, Madrid, Badajoz, Zaragoza, Cádiz y Granada no se publicaron. En los casos de Madrid y Barcelona -probablemente- la prontitud de los estrenos obligaría a procedimientos de comunicación más directos con los propietarios de los cines. 
  Sobre las resoluciones de la censura publicadas se ha realizado este trabajo. Se han manejado todos los telegramas de la Dirección General de Seguridad publicados desde el 16 de mayo de 1931-fecha en la que comienzan a aparecer estos telegramas en el Boletín Oficial de Navarra- y el 18 de julio de 1936. El análisis de sus contenidos permite analizar la actuación de la censura en este periodo: los cortes que se dictan y los títulos que se prohíben, referidos tanto al cine de ficción como al de no ficción (noticiarios cinematográficos y documentales). Esta tarea no se ha realizado hasta ahora de manera sistemática, aunque hay aportaciones parciales (MARTÍNEZ BRETÓN, 2000). A partir de este material se ha podido construir en buena parte el sistema de valores que articulaba la sociedad española del momento; al menos, la versión que de ella tenían las autoridades republicanas. Es curioso que en este aspecto no haya diferencias de interés entre los periodos de gobiernos izquierdistas y de centroderecha. En este sentido, hay que hacer notar que la actuación de la censura en un sistema democrático –como el republicano español de entonces- establece en términos generales lo que las autoridades piensan que la sociedad puede tolerar sobre los diversos aspectos de la vida a los que se refieren las producciones cinematográficas (BILTEREYST, 2007 y 2008). Desde otro punto de vista muestra igualmente y de manera mas directa lo que las autoridades consideran peligroso.
  En fin, el discurso tanto explícito como implícito de la censura permite descubrir los valores y los miedos de la sociedad española de entonces y de sus autoridades, del poder político. En definitiva, el cine que no se vio ayuda a entender la mentalidad de la época. Sobre estos elementos de carácter propio e idiosincrásico hay que situar las presiones exteriores, en concreto las de las embajadas en Madrid que consiguieron, en la mayoría de los casos, que se prohibieran unas películas y que se cortasen otras que consideraban ofensivas. Todo ello repercutió en la percepción que los españoles tuvieron de la realidad de su momento y, por otra parte, sirvieron para mantener un sistema de valores tradicional. 
  Las disposiciones de la censura se publicaron al menos en los boletines oficiales de las provincias de Navarra y de La Coruña. En este caso, el material que se ha manejado ha sido el del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra. Para completar los datos - perdidos por deterioro físico de la fuente manejada- se ha consultado el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña que también ofrece la serie completa. El cotejo de ambas fuentes ha permitido comprobar que los contenidos de los telegramas de la censura son idénticos, aunque normalmente se publican en fechas diversas.
  Desde estas informaciones se ha elaborado una base de datos con 3225 entradas. Cada entrada corresponde a un título de una película de ficción o no ficción (noticiario o documental) presentada a la Dirección General de Seguridad. Los campos con los que se han trabajado han sido: región del Boletín, fecha de publicación, título de la película -título original cuando figura2 -, si se trata de ficción, noticiario o documental, casa distribuidora, si la película es autorizada o censurada y, en este caso, si se trata de una prohibición total o parcial, especificando las escenas que debían eliminarse.
  El mayor problema ha sido clasificar las películas en ficción o documental (los noticiarios son fácilmente reconocibles), porque la única información disponible era título. Ha sido necesario consultar catálogos y bases de datos de películas para evitar errores. Las afirmaciones de la censura cuando existen facilitan notablemente la localización del género correspondiente a ese título.
  Desde esta información se ha llevado a cabo un análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos. Con el primero se ha tratado de valorar la importancia de esta actuación en el conjunto de las películas, nacionales y extranjeras, presentadas en la Dirección General de Seguridad para su exhibición en España. Con el segundo, analizar qué eliminó la censura, por qué y para qué. Este aspecto ha exigido la consulta de otras fuentes. Una de ellas ha sido la prensa cinematográfica más destacada de la época: las revistas Popular Film, Arte y Cinematografía, Cinegramas y Cine español. Por otra, se ha utilizado la prensa de información general: La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/) y ABC (http://hemeroteca.abc.es/), porque son periódicos editados en la misma ciudad de los centros censores y, además, con un  manifiesto interés por la cinematografía. Otra fuente ha sido el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí se ha localizado correspondencia diversa de consulados y embajadas -españolas y extranjeras- sobre censura de películas que se consideraban atentatorias contra la imagen de un país. Otra fuente de interés ha sido el Archivo General de la Administración. Allí se han consultado los fondos relativos a disposiciones sobre cinematografía y relaciones culturales del Ministerio de Estado, aunque los materiales de interés para este trabajo han sido reducidos.    
 
 
2. El boom cinematográfico de los años treinta...
 
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